PARTE I
Bolivia, nación libre, independiente y
soberana, a la luz del concierto latinoamericano y mundial, superando el retardatario
colonialismo que supuso imposición de instituciones legislativas, políticas y
administrativas, hecho que determinó su posterior desarrollo histórico en los órdenes
económico, político y obviamente jurídico, extremo que restringió la realización
propia de una verdadera doctrina constitucional, pues hasta hoy seguimos siendo un país
que en el orden legislativo es tributario de concepciones de Derecho en General de otras
latitudes, ajenas a la realidad nacional.
Súmase a este
antecedente la escasa y débil tradición democrática – de modo alguno comparable a
las democracias de las metrópolis – que en diecinueve años de vigencia, no logró
consolidarse definitivamente para encarnar en el sentimiento más íntimo del hombre
boliviano que le permita su plena realización.
La fragilidad
constitucional es emergente también del desdén que tanto gobernantes como
gobernados tenemos de la Constitución y el respeto por el propio Estado de Derecho; tal
es así que, en el orden político-gubernamental, no se genera respuesta oportuna a los
requerimientos de la sociedad civil y no basta que la norma constitucional de manera
ritualista reconozca una Bolivia multiétnica y pluricultural.
Lo importante
es generar mecanismos de mayor participación del “pueblo”, con el propósito
-en primera instancia- de recuperar la credibilidad del sistema político y luego la
construcción de una Bolivia con real unidad y solidaridad, permitiendo nuestra verdadera
inserción en la economía mundial para dejar de ser un país de la periferia.
La experiencia
histórica es la mejor fe de erratas en el orden constitucional, entendiendo en el
prototipo bolivariano, ha sido reformado en 18 oportunidades, aunque en esencia no
constituyeron verdaderas reformas a su texto; pero es bueno en la hora presente recordar
que del conjunto de éstas modificaciones constitucionales, la de 1931 en la forma que se
verificó, fue realmente importante ya que por primera vez en la azarosa vida nacional se
convocó a un referéndum o consulta popular que eventualmente significó incorporar un
mecanismo de democracia semidirecta a una forma gubernamental eminentemente
representativa.
Las ideas erróneas sobre la democracia determinan que la democracia
funcione mal, actualmente se propone, en la simple lógica, un sistema político que
permita recuperar la identidad nacional y esta convicción es indisoluble con el
desarrollo de una Democracia con real participación ciudadana, ya que el poder es
legítimo sólo si se otorga desde abajo, sólo si se constituye una emanación de la
voluntad popular y solamente si descansa en algún consenso básico manifiesto.
Si se reconoce
la posibilidad de incorporar el referéndum como medio de participación popular en
la consulta legislativa, debemos también razonar que es permisible el plebiscito para
generar movilidad social en la acción gubernativa y política; esta deducción,
circunstancialmente, nos orienta a sostener que el equilibrio entre la sociedad política
y el pueblo, genera no solamente el consenso, sino la propia credibilidad y legitimidad en
los ámbitos de la representación y/o mandato que confiere el cuerpo electoral.
